En Besada-Ramos creemos que aún está a tiempo de tomar decisiones con las que intentar rebajar el pago de impuestos en su declaración de la renta, como apurar al máximo la deducción por la aportación al plan de pensiones o el uso de las minusvalías para reducir las plusvalías sujetas a gravamen.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las economías mundiales en las próximas décadas deriva de la presión que, sobre las finanzas públicas, ejercerá el envejecimiento de la población. Esta situación ha llevado a diversos organismos e instancias internacionales a animar a los distintos países para que acometan las reformas en sus sistemas de pensiones que garanticen su sostenibilidad a largo plazo. Entre ellos, la OCDE, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Fondo Monetario Internacional, por lo que son muchos los Estados que ya han efectuado reformas, mediante la modificación de los parámetros estructurales que sirven de base al cálculo de las prestaciones públicas por jubilación. Entre estas medidas, se encuentran el incremento en el número de años a considerar para el cálculo de las pensiones, el retraso en la edad legal de jubilación o el establecimiento de estímulos a la prolongación de la vida laboral.

La aportación a un plan de pensiones permite la reducción de la base imponible de la declaración de la renta. En concreto, por un máximo de 8.000 euros anuales, considerando la suma de los planes de pensiones individuales y los de empleo. El ahorro fiscal será el resultado de aplicar a la aportación el tipo marginal del contribuyente. Es decir, para alguien con el tipo máximo del 45% que apure el tope de los 8.000 euros al año, el ahorro fiscal será de 3.600 euros. Con tal tipo marginal, para un sueldo de 50.000 euros, si el contribuyente aportara al máximo a un plan privado, a efectos fiscales su salario sería de 42.000 euros.

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